Qué países europeos tienen los impuestos más bajos

La pregunta de qué países europeos tienen los impuestos más bajos tiene una relevancia práctica para certificados y trámites en España. La fiscalidad de cada país influye en la documentación que se exige para acreditar residencia, evitar la doble imposición o demostrar el estatus tributario ante la Agencia Tributaria y ante la Seguridad Social. En situaciones de movilidad laboral dentro de la Unión Europea, las personas pueden trabajar en España pero residir fiscalmente en otro país con una carga impositiva menor, o bien gestionar proveedores y servicios desde una sede en un territorio con tratamiento fiscal distinto. Esa dinámica afecta directamente a qué certificados se deben solicitar, qué entidades emiten esos certificados y qué requisitos se deben cumplir para que los documentos sean válidos a efectos de trámites en España. A continuación se analizan ejemplos de países de Europa con cargas fiscales relativamente bajas y se explica, de forma práctica, cómo esa realidad se traduce en certificados y en trámites concretos para quienes operan entre España y otros Estados miembros.

Panorama práctico de impuestos bajos y su encaje en certificados y trámites en España

Bulgaria

En Bulgaria, la tributación personal sobre la renta es de tipo único y muy reducido, con un 10% aplicado de forma general, y un marco de impuesto de sociedades también alrededor del 10%. Este régimen se complementa con una imposición al consumo (IVA) que suele ubicarse en un rango estándar para la UE, generalmente alrededor del 20%. Para trámites en España, esa configuración facilita que una persona que resida fiscalmente en Bulgaria pueda presentar un certificado de residencia fiscal (CRF) ante la AEAT para evitar o gestionar la doble imposición en su declaración de la renta en España, siempre dentro de los criterios de los convenios de doble imposición vigentes entre Bulgaria y España. El CRF bulgaro, cuando es emitido por la autoridad tributaria nacional, sirve para acreditar ante España cuál es la jurisdicción de imposición principal y qué reglas se aplican a los ingresos obtenidos desde ambas latitudes.

Para obtener un CRF en Bulgaria, la persona debe demostrar la residencia fiscal en el país mediante documentos como contrato de vivienda, prueba de domicilio, ingresos producidos en Bulgaria y/o pruebas de empleo. La solicitud suele hacerse a través de la oficina tributaria correspondiente y puede requerir una traducción de documentos al búlgaro o al inglés, según las normas locales y el reconocimiento que tenga en AEAT. En la práctica, disponer de ese certificado facilita la aplicación de las reglas del convenio de doble imposición entre Bulgaria y España, con las cuales se evita la doble tributación o se corrige a través de créditos fiscales. La vía electrónica de la autoridad bulgara y la eventual apostilla de La Haya pueden acelerar la aceptación del documento en España, siempre que las autoridades españolas lo acepten y lo acompañen de las traducciones solicitadas.

En el ámbito de la Seguridad Social y de los trámites laborales, conviene tener en cuenta que las reglas de coordinación entre Estados miembros pueden exigir también un certificado A1 cuando se desplaza temporalmente a trabajar en otro país de la UE. Aunque ese certificado no es un certificado fiscal, sí es un documento clave para demostrar qué país regula las cotizaciones y la cobertura social durante un periodo laboral transfronterizo. En Bulgaria, las gestiones para obtener un certificado de este tipo siguen la normativa de seguridad social búlgara, y su validez en España se evaluated dentro de la cooperación administrativa de la UE.

Romania

Romania aplica, a efectos de la renta de las personas físicas, un tipo único de gravamen del 10%, con aportaciones sociales que completan la carga y que pueden variar según la situación familiar y laboral. En el ámbito de la empresa, el impuesto de sociedades se sitúa en un rango competitivo, y la estructura de IVA es comparable a la de otros países de la UE (con tipos que suelen rondar el 19% para la tasa general). La combinación de un IRPF relativamente bajo y un entorno favorable para empresas incentiva la solicitud de certificados de residencia fiscal (CRF) cuando hay interés en gestionar ingresos desde España sin duplicar la tributación. Para trámites en España, el CRF rumano facilita la aplicación de convenios de doble imposición entre España y Rumanía, evitando gravámenes excesivos sobre ingresos derivados de rendimientos, alquileres o servicios. La emisión del CRF ante la autoridad fiscal rumana exige demostrar residencia fiscal mediante documentos como contrato de vivienda, facturas de servicios, extractos bancarios y, en su caso, evidencias de empleo y pago de impuestos. Es común que se exija la traducción y, en determinados casos, la apostilla de La Haya para asegurar la validez del certificado ante las autoridades españolas. En la práctica, cuando se presenta un CRF, AEAT puede aplicar el método de crédito por impuestos pagados en el país de residencia para evitar la doble imposición, siempre que exista convenio entre ambos países para este fin.

Hungría

Hungría es conocida por combinar un impuesto sobre la renta de la persona física con un tipo de gravamen relativamente bajo (15% en su tramo general) y un impuesto de sociedades muy competitivo, que llega a niveles cercanos a un único dígito en determinadas circunstancias. Aunque la carga global de IVA se mantiene dentro de la media de la UE, la estructura de impuestos empresariales y personales en Hungría ha hecho de este país un referente para compañías y trabajadores que buscan optimizar su planificación fiscal dentro de la UE. En España, la información de residencia fiscal en Hungría, a través de un CRF, facilita la aplicación de los convenios de doble imposición para evitar que los ingresos se gravan dos veces. El proceso para obtener el certificado en Hungría suele incluir la presentación de documentos que acrediten residencia, empleo o ingresos en Hungría, y puede requerir traducción y, en algunos casos, apostilla para su reconocimiento en España.

La cooperación entre España y Hungría en materia de seguridad social y de impuestos laborales se apoya en la normativa de la UE, que facilita la coordinación de prestaciones y derechos de los trabajadores que se desplazan entre ambos Estados. En el terreno de los trámites, es habitual que quien reside en Hungría y mantiene actividad en España necesite, además del CRF, documentos que acrediten la situación laboral y la compatible con las normativas de empleo transfronterizo. En algunos escenarios, la autoridad española podría exigir comprobantes adicionales para validar la situación ante Hacienda y ante la Seguridad Social, especialmente si se trata de ingresos procedentes de España o de servicios prestados en territorio español.

República Checa

La República Checa mantiene un sistema mixto con un tipo base de 15% para la cuota de IRPF, que en tramos puede acercarse a 23% para ingresos superiores, y un impuesto de sociedades del 19% para la mayoría de las actividades empresariales. El IVA general se sitúa en el 21%. En España, la documentación para demostrar residencia fiscal checa, cuando corresponde, se utiliza para gestionar la doble imposición y para entender dónde deben tributar ingresos, alquileres o rendimientos. El certificado de residencia fiscal checo, emitido por la autoridad tributaria local, facilita la aplicación del Convenio de Doble Imposición entre España y la República Checa, permitiendo justificar ante AEAT cuál es la jurisdicción fiscal principal y qué créditos fiscales pueden aplicarse. La expedición de este certificado normalmente exige pruebas de domicilio y de ingresos, y puede requerir traducción oficial y, en ciertos casos, una apostilla para su reconocimiento en España.

Además de la residencia, la coordinación de la Seguridad Social en la UE implica, en determinadas circunstancias, trámites para obtener el certificado A1 cuando un trabajador realiza periodos de trabajo en la Chequia o desde allí hacia España, con el objetivo de determinar qué país regula la seguridad social durante ese periodo. Estos trámites son especialmente relevantes para trabajadores que participan en proyectos temporales, movilidad interna de empresas o empleo remoto con presencia en ambos países.

Irlanda

Irlanda figura entre los países de la UE con una estructura fiscal atractiva para determinadas figuras empresariales, destacando un tipo de impuesto de sociedades relativamente bajo (12,5% para actividades comerciales) y un conjunto de regímenes de alivio y créditos que favorecen a startups y a empresas tecnológicas. En el caso de la renta de las personas físicas, el sistema irlandés es más progresivo, con tramos que pueden situarse en rangos altos dependiendo de la cuantía de los ingresos. Para trámites en España, un certificado de residencia fiscal irlandés puede ser clave para evitar doble tributación en la declaración de la renta de un ciudadano español que reside y trabaja principalmente en Irlanda o que recibe ingresos en ese país desde una empresa española. Conseguir el CRF en Irlanda implica demostrar residencia fiscal mediante documentos como contrato de alquiler, facturas de servicios y pruebas de ingresos en Irlanda, además de la necesidad de certificación de impuestos pagados o de declaraciones presentadas ante la autoridad irlandesa. En España, AEAT valora la existencia de un convenio de doble imposición con Irlanda y utiliza ese marco para aplicar créditos fiscales o exenciones cuando corresponde. El proceso puede requerir traducción y, en ciertos casos, apostilla si el certificado va a ser utilizado como documento oficial en procedimientos ante entidades españolas. En lo concerniente a la seguridad social, la coordinación dentro de la UE exige, cuando corresponde, un certificado A1 para definir la cobertura social durante periodos de movilidad, algo especialmente relevante para trabajadores que desplazarse entre Irlanda y España por motivos laborales o de estudio.

Polonia

Polonia presenta un sistema con una estructura de IRPF progresiva que varía entre tramos (con tipos que pueden ascender en algunas categorías) y un impuesto de sociedades competitivo en comparación con otros países de la región. En cuanto al IVA, se mantiene como en la mayoría de la UE en torno al 23% para la tasa general. En España, la aceptación de un certificado de residencia fiscal polaco contribuye a clarificar la jurisdicción fiscal y facilita la aplicación de los acuerdos de doble imposición existentes entre España y Polonia. Para obtener el CRF polaco, es habitual presentar documentos que acrediten la residencia y los ingresos, como contrato de alquiler, documentos de empleo o actividad económica y declaraciones fiscales presentadas en Polonia. La obtención de dicho certificado suele requerir la traducción de documentos al polaco o al español, dependiendo de la normativa de la autoridad española para la aceptación de pruebas y de si se exige o no apostilla. La cooperación tributaria en la UE favorece la verificación de créditos fiscales en España cuando exista doble imposición, con lo cual se evita que los ingresos obtengan una carga fiscal doble. En el ámbito de la seguridad social, el certificado A1 puede ser necesario para determinar la cobertura durante períodos de trabajo en España desde Polonia u otros movimientos, asegurando que el empleado no pierde derechos sociales durante un desplazamiento temporal.

Irresignación y matices prácticos

La lista anterior sirve para entender que, dentro de la UE, existen regímenes fiscales diferentes y, en muchos casos, ventajosos para ciertos perfiles. El objetivo práctico al gestionar certificados y trámites en España es identificar si la residencia fiscal real se sitúa en un país con carga menor y, en consecuencia, qué herramientas administrativas se requieren para justificar esa residencia ante AEAT, Seguridad Social y otras administraciones. En todos los casos, los convenios de doble imposición entre España y el país de residencia ofrecen mecanismos para evitar gravámenes duplicados, y la existencia de dichos convenios es un pilar clave al planificar movimientos laborales o proveedores transnacionales. Además, la firma electrónica y el reconocimiento de certificaciones entre Estados miembros, facilitados por el marco regulatorio de eIDAS, permiten que muchos certificados se utilicen de forma transnacional sin necesidad de procesos de legalización excesivos, siempre que los documentos cumplan los requisitos de autenticidad y traducción cuando corresponda.

Cómo afectan estos escenarios a trámites y certificados en España

• Verificación de residencia fiscal: cuando la residencia fiscal real está en un país con tributación más favorable, es fundamental contar con un certificado de residencia fiscal emitido por la autoridad fiscal del país de residencia. Este certificado sirve para justificar ante la AEAT la fuente de gravamen y para activar los mecanismos de crédito por impuesto en el marco del convenio de doble imposición.
• Convenios de doble imposición: España mantiene acuerdos bilaterales con múltiples Estados de la UE. Con ellos se regula qué ingresos se gravan en cada país y cómo se aplica el crédito o la exención para evitar la doble imposición. La existencia de un CRF facilita la aplicación de dichos convenios ante AEAT.
• Apostilla y traducciones: en la mayor parte de los trámites, la Apostilla de La Haya agiliza el reconocimiento de certificados emitidos en otro país. En España, es común que se exija una traducción oficial al español o al idioma requerido por la autoridad española, y, en algunos casos, la apostilla puede acelerar la aceptación del documento.
• Firma electrónica y eIDAS: la coordinación entre Estados miembros se ve fortalecida por las soluciones de firma electrónica reconocidas a nivel europeo. Un certificado digital que cumpla con el estándar eIDAS puede facilitar la firma de documentos oficiales, notificaciones y formularios ante AEAT, Seguridad Social y otros organismos, reduciendo la necesidad de envíos en papel.
• Documentación necesaria: para obtener un CRF, suele ser necesario acreditar residencia, empleo o ingresos en el país de origen, además de pruebas de identidad. En España se suelen exigir documentos traducidos y, si corresponde, traducción jurada, así como la verificación de la validez del certificado ante la autoridad competente española.
• Coordinación de la Seguridad Social: cuando hay movilidad laboral, el certificado A1 regula qué sistema de seguridad social aplica durante periodos de trabajo en diferentes Estados miembros. Este certificado puede evitar que se acumulen cotizaciones en dos sistemas de seguridad social al mismo tiempo, y se solicita a la autoridad de seguridad social del país de origen y/o del país de empleo, de acuerdo con la normativa vigente.

Casos prácticos para trámites y certificados en España con residencia fiscal en otro país de la UE

• Caso 1: empleado español que reside fiscalmente en Bulgaria y trabaja para una empresa española. Se solicita un CRF bulgaro para demostrar la residencia fiscal en Bulgaria y poder aplicar el crédito por impuestos pagados en Bulgaria en la declaración de la renta en España. Se acompaña de documentos que acrediten vivienda en Bulgaria, contrato de trabajo, y pruebas de ingresos en Bulgaria. Se traduce la documentación al español si la AEAT lo requiere y se verifica la posibilidad de usar la apostilla para facilitar su reconocimiento. En el ámbito de la Seguridad Social, puede contemplarse un certificado A1 si el empleado continúa cotizando en Bulgaria mientras realiza labores para una empresa española en el periodo de transición.
• Caso 2: empresario que establece una sede en Irlanda y presta servicios a clientes en España. Con un régimen de sociedades favorable en Irlanda, la empresa solicita el CRF para justificar la residencia fiscal de los ingresos y para gestionar la carga impositiva conforme al convenio entre España e Irlanda. Se preparan documentos que acrediten la existencia de la sede y la actividad en Irlanda, junto con las declaraciones fiscales presentadas en ese país. AEAT evalúa la situación en el marco de la doble imposición y puede aplicar créditos fiscales por impuestos pagados en Irlanda. La firma electrónica, en este caso, facilita la presentación de certificados y formularios ante las autoridades españolas. Si la empresa envía personal a España por proyectos específicos, puede requerirse un certificado A1 para coberturas sociales durante el desplazamiento.
• Caso 3: residente en República Checa que recibe ingresos en España por alquiler o servicios prestados. El CRF checo se utiliza para confirmar la residencia fiscal principal y evitar doble tributación sobre esos ingresos. Se acompaña de pruebas de domicilio en la República Checa y de las rentas obtenidas en España, con la traducción adecuada y, si procede, la apostilla. AEAT aplica las reglas del convenio hispano-checo para determinar qué impuestos corresponden pagar en cada jurisdicción y cómo registrar el crédito correspondiente en la declaración española.
• Caso 4: trabajador que se desplaza temporalmente entre España e Irlanda para un proyecto. Se solicita el certificado A1 para dejar claro en qué país se pagan las cotizaciones de Seguridad Social durante el periodo de movilidad. Paralelamente, se evalúa la necesidad de un CRF irlandés si la residencia fiscal real se sitúa en Irlanda. Si la empresa gestiona facturas entre ambos países, la normalización de documentos mediante firma electrónica y traducciones puede acelerar la tramitación ante AEAT y las autoridades de Seguridad Social.

Buenas prácticas para certificados y trámites transnacionales

• Planificar con antelación: antes de iniciar cualquier proceso de residencia o de desplazar ingresos, conviene identificar qué certificado requerido y qué documentación será necesaria en AEAT. Una comprobación previa evita retrasos y reduce la necesidad de pedir documentos repetidos a posteriori.
• Verificar la existencia de un convenio de doble imposición: confirmar si España mantiene un convenio con el país de residencia y entender qué método aplica ese convenio (crédito o exención) para evitar la doble tributación. Esto determina qué documentos deben presentarse y en qué formato.
• Trabajar con traducciones oficiales: la mayoría de trámites en España requieren traducciones oficiales al español o, en su caso, al idioma aceptado por la administración. Un traductor jurado garantiza que la documentación sea válida para AEAT y otros organismos.
• Usar firma electrónica y proveedores certificados: la firma electrónica facilita la presentación de certificados y de formularios ante AEAT y la Seguridad Social. Los certificados reconocidos a nivel europeo, como los que cumplen con eIDAS, pueden simplificar procesos transfronterizos.
• Conservar copias digitales y de respaldo: mantener versiones digitalizadas de certificados, justificantes de residencia y declaraciones fiscales ayuda a cumplir plazos y a resolver discrepancias sin necesidad de volver a solicitar documentos.
• Considerar la apostilla cuando sea necesaria: en operaciones entre Estados miembros, la apostilla de La Haya puede acelerar el reconocimiento de documentos. En algunos casos, la autoridad española podría requerirla para confirmar la autenticidad de un certificado emitido en otro país de la UE.
• Actualizar los certificados ante cambios de residencia: si la residencia fiscal cambia durante el año, es crucial actualizar los certificados para evitar colisiones entre estatus y obligaciones tributarias. Las autoridades suelen exigir informes periódicos y documentos actualizados para reflejar la situación vigente.